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Querer no es poder


Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

 


Román Rodríguez presentó ayer en el Parlamento su primer proyecto de presupuestos -el de 2020- por 8.066 millones de euros, mayor gasto salarial, más impuestos y menos inversión, sin ninguna sorpresa sobre lo ya anunciado y presentado el pasado miércoles por el presidente del Gobierno y el mismo Rodríguez tras su aprobación por el Consejo. Los presupuestos suponen ese "ejercicio de orfebrería" al que se refirió el presidente en su intervención del miércoles, y en él puede apreciarse una clara voluntad de atender en lo posible -realmente muy poco- compromisos enunciados en la firma del pacto de las flores y en el discurso de investidura de Torres.

 

En un análisis muy por encima, el principal valor del presupuesto 2020 como proyecto político es precisamente esa voluntad enunciada de cumplir lo prometido, y su principal defecto la evidencia de que el cumplimiento de esa promesa es imposible, no sólo por las dificultades propias de una etapa recesiva, también porque muchas de las promesas planteadas no eran asumibles. A partir de ahí, no todo lo que se ha hecho es inútil o erróneo, pero persiste el peor de los autoengaños que es el de asegurar que los ingresos aumentarán sobre la base de un crecimiento de la economía de las Islas, convirtiendo muchas de las apuestas del presupuesto en papel mojado.

 

En estos días se ha insistido en los aspectos negativos del proyecto: haberse realizado sin conocer los datos del presupuesto estatal -a ciegas, por tanto-, incorporando solo el diez por ciento de los ingresos comprometidos por el Estado, concretamente los millones del convenio de carreteras ya consolidados, más el énfasis en la subida de medio punto en el tipo general del IGIC, un aumento absorbido enteramente por los pagos de salarios, más la reducción de la inversión en todas las Islas -mucho más en las periféricas, con la excepción de La Gomera- y la previsión de mayor desempleo.

 

Pero también hay aspectos positivos, aunque es cierto que muchos de ellos son el resultado de correcciones sobre lo anunciado, realizadas durante el proceso de ajuste fino presupuestario: para empezar, el presupuesto destina 1.500 millones a amortización de deuda pública. Es siempre una buena noticia pagar lo que se debe, sobre todo para nuestros hijos. También son coherentes con un gobierno de izquierdas la corrección de la inicial subida del IGIC a la luz de consumo doméstico, o la incorporación de aumentos en impuestos efectivamente dirigidos a los más ricos: en IGIC para gastos suntuarios, en el tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas (quizá deberían haber bajado el concepto de renta alta ya a los 60.000 euros) o en una revisión decreciente de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre los 350.000 y 1.200.000 euros. Una solución sensata que algunos reclamamos en su día.

 

Las subidas de gastos sociales, las partidas del Servicio Canario de la Salud con 132 millones de aumento y las de educación, con 125 millones son sin embargo un camelo: se trata sólo de dinero para pagar salarios públicos. Sólo mejorara la vida de los que cobren más.

 

A mi juicio, el principal problema de estos presupuestos es su voluntarismo: porque no basta con querer para poder.

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