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Demencia y vejez


Por Francisco Pomares


Ya sabemos que 2020 será el año de la gran crisis fiscal española: el Ministerio de Hacienda ha reconocido que los ingresos previstos en el presupuesto de 2019 están casi nueve mil millones por debajo de lo previsto, y Bruselas, antes siquiera de conocer esos datos, había reclamado a España un ajuste en un déficit estructural que este año -según las cifras de Bruselas- rondará la friolera de 6.600 millones de euros.

 

Sabemos además que 2020 será aún peor, y que en los próximos años, a resultas del envejecimiento de la población, se dispararán los recursos necesarios para dependencia, pensiones y sanidad, hoy con un gasto per cápita por debajo de los niveles previos a la crisis. El Estado de Bienestar será un cuento chino si no se logra encontrar una fórmula para hacer frente al impacto que sobre el gasto público tendrá una creciente ancianidad de nuestra población. La dificultad de resolver el reto que supone el aumento de personas mayores es doble: por un lado, la incapacidad para generar más ingresos, sin disparar la presión tributaria sobre unas clases medias que han sufrido lo peor de los ajustes iniciados con la Gran Recesión de 2008. Y por otro, la inutilidad de unas élites que no logran ponerse de acuerdo en ninguno de los asuntos realmente importantes para el país, como la reforma del sistema de pensiones o la necesidad de replantearse algunas de las medidas adoptadas durante la recesión.


El presidente de la autoridad fiscal independiente -la Airef- planteaba hace uso días la necesidad de poner en circulación recursos municipales que actualmente permanecen ociosos en los bancos. Con 300.000 personas pendientes de atención por Dependencia, básicamente por falta de recursos, los ayuntamientos españoles acumulan este año 7.000 millones de euros de superávit estructural, y algo más de 30.000 millones en depósitos bancarios, de recursos que no pueden usarse por la Ley de Estabilidad y la regla de gasto. Mientras eso ocurre, las regiones españolas, responsables al 50 por ciento junto al Gobierno de costear la aplicación de la Dependencia, soportan un déficit anual de 5.000 millones y acumulan 320.000 millones de deuda pública, casi la cuarta parte del PIB español. Y no hablemos del déficit del Gobierno nacional ni de la deuda.

 

Con ese panorama, no parece disparato preguntarse por la oportunidad de entregar a los ayuntamientos las competencias de dependencia. Ya asumen la gestión en algunos lugares de España, y en la práctica totalidad de los programas europeos de dependencia. Si hay dinero para ello? ¿Por qué no desatascar la situación de esas 300.000 personas -en su mayoría ancianos- y de sus familias? Podrá argüirse que los ayuntamientos no tienen porque pagar la dependencia, pero ese es un criterio de un patrimonialismo absurdo. El dinero de los impuestos es de los ciudadanos, lo recaude quien lo recaude. ¿no sería mejor utilizar todos los años 5.000 millones del superávit municipal en dependencia en vez de dejar los cuartos en los bancos? Básicamente, lo que haría falta sería un acuerdo político nacional, y la autorización de la Unión Europea. Ambas cosas son viables si se trabaja en ellas. Y parece más sensato y viable que exigir mayor déficit y endeudamiento al Estado y las regiones. A ver si hay algo de suerte y es de estas cosas de las que se escucha hablar en la campaña.

 

Comentarios (1)  



Comentarios  
# S. Martinez Lago 03-11-2019 10:18
Muy acertado su comentario. Probablemente no tenga viabilidad por ls desgracia de la fragmentación politica que sufrimos, el partido gobernante actual mira para otro lado, porque sus militantes y votantes no ven otro horizonte que el de gobernar a cualquier precio.
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