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El final de la escapada

Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

 

 

Después de dos años de jugar al ratón y al gato para evitar que su comparecencia en los juzgados coincidiera con la cita electoral, Fernando Clavijo decidió madrugar ayer y se presentó a las ocho menos cuarto en el edificio de los juzgados laguneros para prestar declaración por el caso Grúas. Clavijo estaba convocado para las nueve y media, pero prefirió adelantarse. Quizá le pudo la novedad: es la primera vez en la historia de este país en la que un presidente de una comunidad autónoma en ejercicio declara ante un juez de Instrucción de un juzgado ordinario, es lo que tiene perder el aforamiento. También pudiera ser que le urgiera llegar temprano: Clavijo lleva desde el primer día diciendo que lo que él quiere es aclarar su participación en el asunto, pero sus abogados han hecho todo lo posible para evitar que fuera interrogado como investigado antes de las elecciones. La estrategia de la acusación ha sido precisamente conseguir eso, que su interrogatorio coincidiera con la campaña. De hecho, lo han logrado milimétricamente: ayer era el día en que se iniciaba el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones regionales. Clavijo compareció ante la Justicia el mismo día que arranca su candidatura.

 

Lo de menos es lo que haya repetido de nuevo ante la juez: viene explicando su certeza de haber actuado correctamente en este asunto, y defendiendo sus actuaciones sin modificar nunca su discurso. En realidad, es difícil que este caso -ahora trasladado por decisión del Gobierno de Sánchez, a la Fiscalía Anticorrupción- pueda llegar penalmente muy lejos. Sin embargo, se ha presentado por la Fiscalía como otro episodio de corrupción asimilable al caso Teresitas, cuando se trata de un asunto que no provocó quebranto patrimonial alguno al ayuntamiento, y en el que no se acusa a nadie de haberse enriquecido. De hecho, el caso se origina por una denuncia contra los adjudicatarios de la concesión del servicio de grúas, por haberse dedicado al desguace de coches en los garajes y a la venta de repuestos por internet. Anteayer, otro juzgado de La Laguna sentenció que no hubo tal, que la acusación fue realizada por trabajadores excluidos de la concesión, y que las piezas vendidas por internet pertenecían a un todoterreno propiedad de uno de los denunciados. Nadie -menos que nadie los que iniciaron la demanda- ha pedido disculpas por estas acusaciones ahora demostradas inciertas. Porque esto funciona así: el caso Grúas no es el caso Teresitas ni se le parece de lejos, por mucho que al final quienes vayan a intervenir en él -por decisión política- sean los mismos jueces y fiscales que se ocuparon del caso Teresitas. Exactamente los mismos. El caso Grúas se ha convertido en un episodio judicial de cacería mayor, en la que la pieza a cobrar es la capacidad de un político -Clavijo- para mantenerse como candidato viable a la Presidencia del Gobierno.

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